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Mientras que al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) prevalece la pugna política y del presupuesto entre el actual presidente Raúl Bolaños Cacho Guzmán y el grupo que encabeza Alfredo Lagunas Rivera, quienes se oponen a la desaparición del Consejo de la Judicatura, senadores de Morena pretenden fortalecer a este órgano.

Un grupo de senadores de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Unión presentaron una iniciativa de reforma al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que pretende refundar la impartición de justicia en el pais y con ello reforzar al Consejo de la Judicatura federal.

Los que suscribieron la iniciativa de reforma son los senadores: Rubén Rocha Moya, Olga Sánchez Cordero Dávila, Ricardo Monreal Ávila, Martí Batres Guadarrama, Imelda Castro Castro y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, quienes la presentaron ante el Pleno de la Cámara Alta del Poder Legislativo federal el pasado 13 de septiembre y que prentenden implementar en todo el país.

En la exposición de motivos los senadores señalaron que con dicho proyecto se pretende reducir la diferencia entre el presupuesto del Poder Judicial federal, que es el doble de lo que reciben los 32 estados y lo que se asigna a los poderes judiciales locales, a quienes se les podría asignar más del dos por ciento del total del presupuesto de cada entidad federativa.

Proponen implementar un Sistema Nacional de Impartición de Justicia que funcione a partir de un estatuto judicial único, con la finalidad de que las garantías de indepedencia de jueces y magistrados sean las mismas en todo el país.

“Con ello se busca garantizar la autonomía de las judicaturas locales, incluyendo una cláusula constitucional que les asegure un porcentaje presupuestal mínimo e irreductible, y la imparcialidad de los juzgadores, al precisar de forma transparente la forma de acceso y permanencia en los cargos, como aspecto esencial para darle solidez a la forma republicana de gobierno”, señala el documento.

Resaltaron la importancia de dotar a los juzgadores del país de las condiciones constitucionales para que dicten justicia sin sometimiento a las consignas de los gobernadores ni de otros poderes fácticos, haciendo prevalecer el Estado de derecho en todos los casos de su conocimiento.

Asimismo, se regulará la división de funciones gubernamentales a fin de evitar actos que constituyan atentados contra este sistema, máxime cuando se trata de aspectos que no se encuentran expresamente regulados por la Constitución.

“La práctica nos ha mostrado la trascendencia de dicha reforma para evitar el poder absoluto de una persona o corporación. Sin embargo, consideramos que se requiere perfeccionar su regulación para lograr un adecuado sistema de pesos y contrapesos a nivel local, que a su vez garantice el eficaz funcionamiento de cada uno de los poderes estatales”, mencionaron los congresistas.

Destaca la propuesta de que haya unanimidad sin que se pierda la soberanía de los estados y se cumpla con la figura de Entidades Especializadas que coordinen y desarrollen la carrera judicial, como son los Consejos de la Judicatura que ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La carencia de presupuestos básicos para la atención de dichas recomendaciones queda de manifiesto cuando apreciamos que las constituciones locales no son unánimes en prever la existencia de consejos de la judicatura o consejos del Poder Judicial, como se le denomina en Sonora. Las normas fundamentales de Colima y Zacatecas no contemplan la creación de estos organismos. Por otra parte, en Morelos y Oaxaca encontramos juntas de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial que no gozan de la autonomía pertinente”, refiere la iniciativa.

En ese sentido, señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación califica a la carrera judicial como uno de los principios que se debe inferir del artículo 116 constitucional y que se debe observar por los estados para garantizar su independencia y autonomía.

Ello a fin de evitar una intromisión grave de otros poderes en la elección del presidente del máximo tribunal, de acuerdo a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como conclusión de diversos estudios realizados en Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Mencionaron que por lo menos dos Estados han establecido requisitos especiales para acceder al cargo de presidente, como Chihuahua que exige una antigüedad mínima de cinco años como magistrado, mientras que en Oaxaca se deben cumplir tres años integrando Sala.

“Consideramos pertinente que se incorpore un párrafo similar a la fracción III del artículo 116, para efecto de que la elección de presidente de los supremos tribunales locales se realice por el Pleno respectivo, su duración en el cargo sea de cuatro años y se prohíba su reelección inmediata”, refirieron.

Concluyen en que el presupuesto anual de cada uno de los poderes judiciales de los estados no podrá ser inferior al dos por ciento del presupuesto general de la entidad federativa respectiva.

Dicha iniciativa de reforma judicial para toda la república fue turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos y se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83379

Caso Bolaños Cacho a SCJN

Cabe señalar que al menos nueve magistrados del Tribunal Superior de Justicia y tres integrantes del Consejo de la Judicatura de Oaxaca presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que el nombramiento de Raúl Bolaños Cacho Guzmán como titular del Poder Judicial es ilegal.

De acuerdo a los magistrados su nombramiento transgrede el pacto federal contenido en el artículo 116, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los diversos tratados internacionales.

Tambien argumentaron que Bolaños Cacho tampoco reúne otro requisito indispensable establecido en el artículo 103 de la Constitución política local, donde establece que para ser magistrado presidente se requiere un mínimo de tres años integrando Sala, y el actual presidente sólo integró la sala familiar por un periodo de tres meses, antes de jubilarse en 2009.

También el juez décimoprimero de Distrito en el estado, dio 24 horas a Raúl Bolaños Cacho Guzmán, para que acate la suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo indirecto número 753/2018 promovido por los 12 magistrados contra actos del Poder Ejecutivo del estado y de la LXIII Legislatura local que pretendían desaparecer el Consejo de la Judicatura.

En el sentido de abstenerse a revocar el nombramiento y remover materialmente a los consejeros de la Judicatura y suspender su transformación en la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina en Oaxaca, esto en lo que se analiza el caso para llegar al fondo del asunto.

Cabe señalar que el grupo de magistrados encabezado por Alfredo Lagunas Rivera ha señalado a Raúl Bolaños Cacho de acatar las instrucciones del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa lo cual dijeron se comprueba con audios de reuniones de trabajo.

Los magistrados aseguran que entre otras irregularidades del actuar del presidente del TSJ es que en diversas sesiones del Consejo de la Judicatura y del Tribunal no aparecen las firmas de éstos ni de consejeros que se han opuesto a sus arbitrariedades.

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