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Lentitud y rezago en administración de justicia en Oaxaca, reclaman usuarios

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Usuarios de los juzgados civiles y familiares del distrito judicial del Centro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se quejaron de la lentitud con la que avanza el trámite de los expedientes y señalaron que aún existe un gran rezago en la administración de justicia en Oaxaca, aunado al exceso de trabajo, la insuficiencia de personal y de material de oficina.

Al respecto, Delfino Arturo Avendaño explicó que desde el mes de abril de 2015, él y su familia fueron notificados de una demanda en su contra promovida por un vecino al que años atrás le prestaron una parte de su domicilio para que pudiera vivir con su familia en lo que se establecía bien económicamente.

Sin embargo, en esa fecha resultó que éste les demandó en la vía sumaria civil el otorgamiento y firma de un supuesto contrato de arrendamiento, razón por la cual, contestaron la demanda, sin embargo, el trámite del expediente ha sido en extremo lento y actualmente la persona que los demandó no ha desocupado la parte del bien inmueble que se encuentra en conflicto.

Avendaño Méndez refirió que a pesar de que sus abogados han dado seguimiento puntual al trámite del expediente para poder recuperar la parte de su casa, en el juzgado donde se encontraba radicado que era juzgado octavo civil, y que por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado concluyó sus funciones, su expediente fue remitido al juzgado sexto civil al que le fue asignado un nuevo número en el índice.

Mencionó que la lentitud no sólo se da en los juzgados de primera instancia, ya que por un mal acuerdo elaborado por la autoridad judicial que resolvió como no procedente un incidente que promovió para acreditar la falta de derecho de su contraparte, tuvo que promover un recurso de apelación que fue turnado ante la sala civil correspondiente.

Además de que tuvo que esperar cerca de dos meses para que su expediente fuera remitido a la sala civil, una vez que los magistrados resolvieron que tenía la razón y revocaron la resolución dictada por el tribunal, una vez que regresó, continuó en el rezago, pues no se respetan los términos legales establecidos retardando la administración de justicia.

Dijo que a tres años de haber sido obligado a contestar una demanda infundada en su contra, se encuentra a la espera de que se dicte la sentencia en el expediente, y que aunque desconoce de leyes y procedimientos, mencionó que ha sido muy dilatado el esperar una resolución final.

Agregó que en Oaxaca es difícil hacer acceder a la justicia en los juzgados y tribunales, y solamente quien tiene dinero, poder o familiares en el gobierno puede ser atendido debidamente, pues no hay un tribunal cercano al pueblo, reprochó.

Detalló que en varias ocasiones, el personal del juzgado civil ni siquiera ubica su expediente para poder brindar informes sobre el estado del trámite; en otras ocasiones, no hay sistema, o simplemente los trabajadores de base no están laborando y los auxiliares no están capacitados para verificar los expedientes.

Enfatizó que le ha faltado voluntad política a las autoridades estatales y federales, para poner atención y destinar mejores presupuestos para la mejora de las instituciones encargadas de administrar justicia, pues la mayoría de los oaxaqueños al desconocer de trámites jurídicos están a expensas de la lentitud y apatía de la mayoría de funcionarios y trabajadores en los tribunales.

Esto a pesar de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, ha afirmado que se han hecho esfuerzos conjuntos para abatir el rezago en los expedientes y se ha reestructurado la institución para limpiar la corrupción de los juzgados.

Sin embargo, persiste el atraso en el trámite de expedientes y arroja una evidente violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.

Al no haber una justicia en tiempo, se va perdiendo la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones que aplican la ley, pues en la práctica, los usuarios de los juzgados de primera instancia en el centro y en las diversas regiones tienen que esperar largas jornadas para poder ser atendidos, lo cual no garantiza una sociedad justa ni mucho menos una contribuye a una democracia integral.

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