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Elpidio Concha, involucrado

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Mario Castellanos Alcázar – Arena Política

El delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Elpidio Concha Arellano, se hace “ojo de hormiga”. Brilla por su ausencia, pero sí es cómplice del presunto fraude de 279 millones de pesos que serían destinados a los damnificados del sismo de septiembre del año pasado.

Este funcionario nunca ha desempeñado su papel en la Sedatu, pues más bien opera como mapache o dinosaurio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), más en las campañas electorales. Sólo utiliza a los damnificados como bandera política e instrumento de manipulación partidista.

Se comprometió que los recursos —279 millones de pesos— que ya fueron destinados por el gobierno federal para reconstruir más de cinco mil viviendas registradas en el segundo censo, le serían entregados a los damnificados para, más tardar, el pasado 22 de octubre y es la fecha en que no se ha cumplido a miles de familias de la región del Istmo de Tehuantepec principalmente de Juchitán de Zaragoza y 42 municipios más que continúan manifestándose por el incumplimiento del gobierno estatal y federal.

El delegado de la Sedatu, Elpidio Concha Arellano, “no ata ni desata”. Es un funcionario subordinado que no tiene facultades. Lo toman como parapeto para apaciguar a los damnificados con falsas promesas que ya están llegando al límite de la tolerancia. Lo que ahora argumenta es que hay retraso de los recursos por el motivo de la transición del poder, es decir, la salida del presidente Enrique Peña Nieto y la entrada de Andrés Manuel López Obrador, que será para el uno de diciembre del presente año.

Es decir ya andan bailando 279 millones de pesos anunciados por el gobierno federal, que se harán llegar a través del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, pero estos recursos no se ven, de ahí que se está fraguando un nuevo fraude a costa del dolor humano de los damnificados del terremoto del 7 de septiembre del año 2017 que dejó destruido a Juchitán de Zaragoza y 42 municipios más de la región del Istmo de Tehuantepec, lo que ya despertó una serie de manifestaciones en esa región y en la capital oaxaqueña.

Es el Frente de Damnificados de Tehuantepec la organización que agrupa a miles de familias que no han recibido el apoyo equivalente a los 120 mil pesos y 25 mil pesos para daños de casas destruidas total y parcialmente, respectivamente, sin embargo se ha encontrado con una serie de trabas burocráticas que seguramente ya no resolverá el gobierno saliente de Peña Nieto, sino que le dejarán la carga al presidente entrante, Obrador, quien, incluso, ya estuvo en la región afectada y se comprometió resolver este problema para que ningún afectado se quede sin su vivienda.

El caso es que ahora el delegado estatal de la Sedatu, Elpidio Concha Arellano, está mediatizando y entorpeciendo el problema de los damnificados a sabiendas que éste es un parapeto que no tiene responsabilidad, ni siquiera palabra, pues siempre se la pasa de “muertito” como un funcionario rebotado sin voz ni voto. El papel que desempeña es de dinosaurio o mapache del PRI en campañas electorales, partido al que le sirve para conservar el cargo que desempeña, de ahí que nunca se ha dedicado a sus funciones que le incumben como delegado de la Sedatu.

Lo cierto es que desde el gobierno federal se ha venido fraguando un escandaloso fraude de los recursos destinados a los damnificados, se menciona la cantidad de ocho mil millones de pesos para la región afectada destinados por la federación, pero el gobernador de Oaxaca, Murat Hinojosa, adquirió un préstamo de mil 200 millones de pesos previa autorización del Congreso del estado, más 200 millones de un fideicomiso, cantidades que nunca llegaron a su destino, por lo que se pronostica un fraude descomunal que le repercutió al gobierno estatal y federal, pues ya nadie les cree y como consecuencia del fraude y galopante corrupción ya se reflejó en la derrota brutal del PRI-gobierno y el triunfo colosal de Morena; cayó Peña Nieto y toma las riendas del estado, Andrés Manuel López Obrador, quien va contra la mafia del poder.

La primera que debería ser juzgada por el fraude a los damnificados, no solo de la región del Istmo de Tehuantepec, sino de otras regiones, es sin duda la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, quien fue la responsable de la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos ocurridos en representación del gobierno federal, no obstante que se le tilda de la estafa maestra de mil 700 millones de pesos solo en el año 2016 y la triangulación de los recursos destinados para los damnificados, cuyo cómplice es el delegado estatal de la Sedatu, Elpidio Concha Arellano, quien debe ser investigado. Email: carloscastellanos52@hotmail.com.

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