Compartir

La Secretaría de Finanzas (Sefín) del gobierno de Oaxaca incurre en abuso de autoridad y usurpación de funciones por ejercer atribuciones que no le competen y la Secretaría de Movilidad (Semovi) en una omisión en perjuicio de los oaxaqueños, calificó la ciudadana Lucila Fernández Ruiz, al asegurar que la entidad requiere que las instituciones se conduzcan con legalidad y no ser quienes la vulneren.

En entrevista, explicó que la Sefin violenta de manera flagrante la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca ya que legalmente le corresponde diseñar y ejecutar las políticas de ingresos y egresos estatales, así como recaudar los impuestos, y derechos, sin embargo asume atribuciones como establecer módulos para trámites de emplacamiento de vehículos.

Señaló que no le corresponde a la Sefin realizar trámites para expedir placas, licencias o tarjetas de circulación, lo cual es inconstitucional al no observarse las disposiciones legalmente establecidas.

“Es evidente la usurpación de funciones en que incurre la Sefin, pues además de ser una caja recaudadora, debe coordinarse con la Semovi, no ir más allá de sus atribuciones, es necesario que se establezca la legalidad”, refirió.

Dijo que la Sefin ha incurrido en una duplicidad de funciones y la ciudadanía al desconocer las atribuciones legales de las dependencias tiene que acatar el actuar arbitrario de las autoridades sin saber que estan siendo vulnerados en sus derechos.

Detalló que a través de una solicitud de información pública de fecha 3 de abril de 2018 pidió al encargado del despacho de la entonces Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) le informara sobre el número de vehículos que conforman el padrón vehicular en Oaxaca, a cuánto asciende el parque vehicular del servicio público en la modalidad de automóvil, camiones, camionetas y mototaxis, además el incremento vehicular que se ha registrado dentro de los periodos fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017.

El 26 de abril de 2018 fue notificada de un oficio suscrito por el Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Sevitra señalando que “respecto al sistema de recaudación de rentas bajo la plataforma SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos) éste no se entrega a la Secretaría de Vialidad y Transporte en razón de que contiene información confidencial y operativa propia de la Secretaría de Finanzas”.

El 10 de junio de 2018, fue la Sefin, a través de la Coordinación Técnica de Ingresos, quien le informó que el registro vehicular con corte a mayo de 2018 se integra de la siguiente manera: En el servicio privado se tienen registrados 222 mil 854 automóviles, 88 mil 421 camionetas, 103 mil 363 motocicletas y 3 mil 697 remolques-semiremolques, siendo un total de 418 mil 335 vehículos del servicio privado.

En cuanto al servicio público, la Sefin informó que se tienen registrados 19 mil 084 automóviles, 4 mil 605 camiones, 3 mil 420 camionetas, 8 mil 478 motocicletas y ningún remolque-semiremolque, siendo un total de 35 mil 587 vehículos del servicio público.

Fernández Ruiz resaltó que la Sefin ha violentado el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca el cual establece que la Semovi tiene como responsabilidades el conocer, iniciar e instruir los trámites y procedimientos según corresponda para expedir la documentación para la prestación del servicio de transporte y vialidad en los términos de la ley de la materia.

Mencionó que del lado de la Secretaría de Movilidad (Semovi), ésta no cuenta con un sistema operativo eficaz que le permita conocer el padrón vehicular del estado de Oaxaca, es decir, no saben a cuántos vehículos hay que emplacar.

“La ley establece que la Semovi debe conocer la demanda del servicio de emplacamiento, con base en un padrón vehicular, el cual no lo tiene, es evidente que los informes de la Sefin no son creíbles”, aseveró.

Operativos ilegales

Lucila Fernández Ruiz, quien ha documentado diversas irregularidades, dijo que en su momento la Sevitra argumentó una alta demanda de servicios que motiva el desabasto de placas sin embargo, sólo pretenden obligar al oaxaqueño a emplacar en la entidad.

“Por eso implementan operativos para coaccionarlos, utilizan la fuerza pública para amedrentar al oaxaqueño, obligarlo a emplacar cuando no existe una base de datos real, es bastante ilógico, arbitrario e inconstitucional”, consideró.

Señaló que la dependencia incurre en la ilegalidad cuando pretenden intimidar a los ciudadanos para que porten placas de otra entidad federativa y obligarlos a acreditar la estancia o residencia de donde portan las placas, ya que carecen de fundamento legal, violentando con ello el libre tránsito como derecho constitucional.

“Con o sin operativos, el oaxaqueño está sujeto a la extorsión, que van de la detención a la dádiva, porque en muchas ocasiones son los elementos de vialidad que amenazan con llevar el presunto vehículo irregular al corralón”, añadió.

Cabe señalar que Lucila Fernández Ruiz en diversos casos ha tenido que recurrir al juicio de amparo para poder hacer valer sus derechos como ciudadana, ello ante los constantes actos arbitarios de las autoridades, además de que ha sido objeto de hostigamiento por protestar ante las anomalías en las instituciones.

Comentarios

comments