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Se amparan ciudadanos contra cancelación del NAIM

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Reclaman violaciones al principio de responsabilidad hacendaria. El objetivo: suspender cualquier inicio de obras en Santa Lucía

Por violar la garantía constitucional de economía, eficiencia y eficacia del gasto público al cancelar un proyecto de inversión pública plurianual como fue el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, el abogado Alberto García Ruvalcaba presentó una demanda de amparo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Diputados y varias dependencias del gobierno federal.

El litigio tiene número de expediente 55/2019 y fue aceptado por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo con sede en Zapopan, Jalisco.

En específico, al presidente de la República se le cuestiona haber basado su decisión de cancelar el NAIM en una consulta popular “irregular”, promovida en “su carácter de presidente electo” y llevada a cabo entre el 25 y el 28 de octubre de 2018.

Recordemos que en dicho ejercicio, el equipo de transición planteó ante la ciudadanía dos opciones: continuar con las obras del NAIM o construir dos pistas y una terminal de pasajeros en la base militar de Santa Lucía, así como ampliar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y rehabilitar el de Toluca.

Al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa; al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y al propio López Obrador, se les reclama la racionalidad del proyecto alternativo, que fue aprobado “sin haber realizado previamente un análisis de costos y beneficios, ni ningún otro estudio que determinara conforme a criterios eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

En tanto, reprochó a la Cámara Baja las mismas deficiencias en su autorización del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019, donde los diputados cancelaron de la cartera pública de inversión 1409JZL0005 del proyecto Texcoco, pese a que ésta había sido avalada por el poder legislativo en los ejercicios presupuestales 2015, 2016, 2017 y 2018.

Según un reporte a agosto de 2018 del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el Gobierno de Peña Nieto ejerció 60 mil millones de pesos de recursos públicos en las obras del NAIM, más otros 35 mil millones de pesos por costos de insumos y contratos que no son recuperables por la cancelación de la obra. El avance global del proyecto fue del 32.5%.

Finalmente, exhortó a las dependencias mencionadas y al “administrador del proyecto de inversión plurianual” (presumiblemente el GACM) a presentar un análisis de costo y beneficio comparativo entre el proyecto alternativo y el NAIM.

Sustento jurídico

Como causales del amparo, la demanda destacó el carácter del NAIM como proyecto estratégico y prioritario para el desarrollo del país, así como las razones de seguridad que respaldan a la obra en Texcoco sobre el plan alternativo AICM-Santa Lucía-AIT.

Entre éstas últimas se citó las opiniones de entidades internacionales especializadas en la materia –como la Organización de Aviación Civil Internacional y el centro de investigación y desarrollo MITRE–, que en su momento se pronunciaron a favor del emplazamiento en Texcoco y, por el contrario, señalaron los “riesgos y manifiestas limitaciones” de la propuesta lopezobradorista.

Sin embargo, el argumento principal está sustentado en la facultad de los ciudadanos y contribuyentes de exigir que el gasto público sea ejercido con “responsabilidad por las autoridades, evitando la arbitrariedad y el dispendio”, como quedó consignado en la última reforma a los artículos 134 y 74 de la Constitución.

El primero, como menciona el propio García Ruvalcaba, tiene que ver con el principio de responsabilidad hacendaria, mientras el segundo se enfoca en la continuidad de proyectos de inversión plurianual, como es el caso del NAIM dado su carácter transexenal.

Siguiendo este criterio, y según lo dispuesto en el artículo 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, la demanda solicita medidas cautelares para suspender la cancelación del proyecto Texcoco, así como cualquier orden de iniciar las obras en Santa Lucía.

“Los quejosos no tenemos interés alguno en que se lleve a cabo un aeropuerto u otro. Lo que buscamos se corrija en sede judicial es la irracionalidad antieconómica e ineficiente de cambiar a medio camino un proyecto de inversión. Si el Proyecto Alternativo hubiera sido el originalmente aprobado y con un grado de avance significativo, lo que sería irracional sería cancelarlo y sustituirlo por el aeropuerto de Texcoco”, concluye el texto.

Motivación y apoyo

Como promotor de este litigio, García Ruvalcaba consideró su “deber cívico” como ciudadano el cuestionar constitucionalmente los actos irracionales de gasto público.

“Me mueve la indignación que me da que se despilfarre el dinero de los contribuyentes pues cancelar esta obra significa echar a la basura alrededor del 4% de la recaudación fiscal de todo el 2017”, afirmó en entrevista con A21.

Además, apeló a la “razón justicial” para que la rama judicial revise las resoluciones del Ejecutivo federal y el Congreso y determine si éstas son violatorias del principio de responsabilidad hacendaria que mandata la Constitución.

Ante esto, y con el apoyo de un amigo suyo, se abocó a recabar y analizar precedentes de afectaciones similares al interés de los contribuyentes. Aunque reconoció que este tipo de interdicto no es muy común, el ideal al que aspira con esta acción legal sería que la administración sea llamada a rendir cuentas sobre el NAIM.

Por ello, convocó a otros ciudadanos y sectores a que mejoren y amplíen el texto de la demanda (que publicó en redes sociales) con más argumentos y apoyo.

Así, el abogado señaló que ya ha sido contactado por personas interesadas tanto en adherirse a su iniciativa como en entablar nuevos litigios, y afirmó que a estos últimos los orientará sin cobrar honorarios.

Finalmente, apuntó que está por ingresar en Guadalajara otra demanda de una cámara empresarial –de la cual se reservó el nombre– a la que también asesoró de forma gratuita.

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