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Ocho presuntas víctimas de tortura del subprocurador Felipe Muñoz alistan denuncias

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El sub procurador de Delitos

AGUASCALIENTES, Ags..- Ocho personas que aseguran haber sido torturadas a manos de policías ministeriales y del propio Felipe Muñoz Vázquez, actual titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República (FGR), iniciaron hoy el proceso para presentar denuncias penales ante la Mesa Especializada por el Delito de Tortura, en la Fiscalía estatal.

Los testimonios se suman a los 19 casos acreditados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se registraron golpizas y vejaciones por parte de autoridades ministeriales y el propio Muñoz Vázquez, entonces procurador de Aguascalientes.

Christian Hernández Guzmán es una de las personas que denunciará penalmente. Fue acusado del robo de una caja fuerte en 2012, cuando  tenía 23 años y trabajaba en el bar La Última Luna, que operaba dentro la Feria Nacional de San Marcos (FNSM).

El lugar, dice, era propiedad de Alejandro Alba Felguerez, extitular del Patronato de la FNSM durante el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre, tiempo en el que Felipe Muñoz laboró en Aguascalientes.

“Estaba yo en casa de mi comadre, fui a recoger a mis hijos. Ahí llegaron muchas camionetas blancas a reventar la casa y a torturarnos a todos. Éramos 18, todos familiares, hombres y mujeres. Mocharon unos cables de luz, nos desnudaron y nos empezaron a dar toques por todas partes. Como a la hora llegó Felipe Muñoz y estuvo orquestando todo, decía: chíngate este o chíngate a aquel”, relata.

“Luego nos trajeron a la policía ministerial y los golpes no pararon. Solo a mí me detuvieron y estuve en arraigo durante 28 días, pero me golpeaban dentro de la Ministerial. Felipe Muñoz estuvo todo el tiempo ahí. En esos días un doctor de servicios periciales se acercó y pidió que me llevaran al hospital. Yo desperté en el Hospital Hidalgo, me quemaron el brazo con unas placas calientes, me asfixiaron, me golpearon por todo el cuerpo y también me hicieron daño en los genitales”.

Tras las golpizas, Christian aceptó haber sido culpable de cuatro tipos de robo y permaneció recluido en el penal de Aguascalientes durante dos años ocho meses. En 2014, la justicia lo absolvió de los cargos por no encontrar las pruebas suficientes para sentenciarlo. Y aunque presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), nunca se le dio seguimiento a su caso.

“Quiero que revisen quién es el delincuente, si Felipe Muñoz o yo. En el penal había personas golpeadas, siempre por los ministeriales. Yo pienso que Felipe Muñoz tiene que ir a la cárcel, pero lo cubren los gobiernos. Andrés Manuel López Obrador lo ratificó como subprocurador, no se puede tener al diablo trabajando ahí. (…) No puede haber una persona en un mando federal con ese perfil maniático y loco. Si eso hizo cuando estaba aquí, ¿imagínense todos los desaparecidos que está haciendo en el país? Porque él es un asesino. El delito de tortura es federal y no prescribe, ahorita tiene mucho poder, pero se le va a acabar. Nosotros queremos que pague por lo que nos hizo”, declaró.

Preparados para presentar las denuncias, se encontraban familiares de otras siete víctimas, dos de ellas mujeres que permanecen todavía presas, un expolicía municipal, y una señora que viajó desde la Ciudad de México para denunciar el proceso irregular de su hermano, quien además de haber sido golpeado durante su detención en 2012, permanece preso acusado del delito de violación, mismo que asegura no haber cometido.

Familiares de las víctimas también acudieron a la delegación en Aguascalientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde acordaron que los casos que no están acreditados dentro de la recomendación 17VG/2019 serán analizados.

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