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Editorial

Aceptar la realidad para poder enfrentar enormes retos del Poder Judicial Federal, es un buen principio del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al diagnosticar las deficiencias y vicios con que recibió a la institución y aceptar que hubo infiltración del crimen organizado.

Algo similar ha ocurrido en Oaxaca, donde el gobernador Alejandro Murat expuso que los cárteles del crimen organizado son los que generan problemas de inseguridad en las regiones de la Cuenca del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec, que “son los temas reales de inseguridad que se tienen en el Estado

No existe razón para que eln ministro presidente de la SCJN, habiendo asumido el compromiso de atender no solo los temas del desorden financiero  y corrupción en el Poder Judicial Federal, pasara por alto uno de los más graves problemas que enfrenta el máximo tribunal de justicia de México, como son los nexos de funcionarios judiciales con el crimen organizado.

En cinco meses al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zaldívar tiene claro lo que deberá hacer para sanearla, y asume el reto, cuando declaró al diario El Universal, que hay juzgadores que no deberían estar dentro del Poder Judicial Federal, pero asume que la mayoría son honorables y arriesgan su vida en el desempeño de su trabajo.

Describe que recibió una administración “desordenada, caótica, ineficiente”, y que existen resistencias internas y externas para aceptar los cambios que permitan poner orden, combatir la corrupción y sancionar a quienes siendo parte de la SCJN hayan tenido o tengan nexos con criminales.

No será una tarea fácil la del ministro Zaldívar, pero es trascendente que gracias al cambio que ha representado el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, y las reformas que promovió ante el Congreso de la Unión para bajar los sueldos de todos los servidores públicos, desde el Poder Judicial Federal mismo se estén atendiendo las deficiencias y el caos financiero, los temas de corrupción y los vínculos de juzgadores con el crimen organizado.

En el caso de Oaxaca, la creciente violencia en las regiones de la Cuenca del Papaloapan y del Istmo de Tehuantepec, no se explicaría sin la presencia real del crimen organizado, cuyas células se disputan el control del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, generando una rivalidad que eleva el número de muertos y lesionados por ajustes de cuentas.

Es bueno, en un principio, que el gobernador Murat Hinojosa lo diga con claridad, porque no es un secreto para nadie, y lo más preocupante es que los grupos criminales avanzan hacia otras regiones, con la clara intención de crecer territorialmente hablando y controlar la mayor parte de la entidad.

Lamentablemente, el Estado no está considerado para las operaciones de la Guardia Nacional, porque no aparece como una zona en la que las policías estatal y municipales, no puedan contener las actividades delictivas, brindar seguridad a la población y, a través de la Fiscalía de la entidad, perseguir los delitos.

Para contribuir a frenar la violencia y la inseguridad pública, las familias oaxaqueñas tienen la ineludible responsabilidad de evitar que sus miembros se vinculen a actividades del crimen organizado, pues el desenlace de muchos de los criminales es trágico, elevando las cifras de muertes.

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