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Editorial

El reclamo de la periodista Soledad Jarquín Edgar de justicia para su hija María del Sol Cruz Edgar, asesinada hace un año en Juchitán junto con Pamela Terán Pineda y su escolta Adelfo Guerra, es legítimo.

Objetivamente, 365 días son suficientes para concretar resultados en una investigación de la Fiscalía General del Estado por un triple homicidio.

La marcha fúnebre que encabezó la periodista para exigir justicia para su hija asesinada, es la expresión de una madre que ve pasar el tiempo sin resultados, que ha dedicado su esfuerzo para que se aplique la ley y se le haga justicia.

Durante la manifestación, Jarquín Edgar había expresado que en la Fiscalía general del estado “se asesina a la justicia, se protege a los responsables, se enmascara la verdad y se da paso al mayor de los delitos que pueda cometer un gobierno, en esa red de impunidad, de omisiones y de letargos”.

La Fiscalía General del estado a través de un comunicado dio a conocer que logró vincular a proceso a otro más de los probables implicados en el homicidio de la fotoperiodista, candidata a consejal  y su escolta. Previamente, hubo un detenido que logró su libertad por vicios de la Fiscalía en la investigación.

Llama la atención que en el comunicado de la Fiscalía, su titular haya expresado que “no dejará que se afecte su trabajo técnico con presiones diversas que manipulan información con  objetivos personales, económicos, políticos o de otro tipo distintos al de la justicia”, al tiempo de reiterar “su compromiso de no permitir que delitos de alto impacto permanezcan impunes y de llevar ante la justicia a quienes estén involucrados”.

A los periodistas debe preocupar no solo el hecho de que la Fiscalía hable de presiones “con objetivos personales, económicos, políticos o de otro tipo”, y que, además, este filtrando que en algunas de las agresiones en contra de periodistas en Oaxaca, existen motivos pasionales, porque resulta perverso que desde la institución responsable de investigar la violencia en contra de los comunicadores, se pretenda restar importancia a tales agravios y crímenes, al sugerir que las víctimas dieron motivos o propiciaron, con su conducta, tales hechos.

El fiscal Rubén Vasconcelos Méndez tiene el enorme reto de recuperar el prestigio de la Fiscalía y de quienes forman parte de ella, de investigar sin  prejuicio alguno cada hecho violento y aplicar la ley, pero sobre todo, de cumplir con el mandato que le fue otorgado para hacer justicia a todos, sin distinción alguna.

La presión legítima ejercida por la periodista Soledad Jarquín ha impactado en el ánimo del fiscal de tal modo, que ya señala motivaciones “personales, económicas, políticas o de otra índole”, porque una madre y quienes se solidarizan con ella, reclama justicia todavía un año después para su hija asesinada, y lo que es peor, que se pretenda, desde la institución responsable de hacer justicia, colocar a las víctimas como las causantes de la violencia, por sus relaciones sentimentales o por asuntos pasionales.

Las y los periodistas tienen que sumar sus voces para exigir al fiscal Rubén Vasconcelos que asuma con plena responsabilidad su trabajo y deje de intentar dividir y confrontar a los periodistas, con filtraciones y mensajes que más bien hablan de su incapacidad para responder al reclamo legítimo de los familiares de las víctimas.

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