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Promueven amparos en Unión Hidalgo por irregularidades en reconstrucción

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Habitantes del municipio de Unión Hidalgo que se vieron afectados por el terremoto de septiembre de 2017, interpusieron tres demandas de amparo y una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) por la negativa de las autoridades de los tres niveles de gobierno en atender la reconstrucción de una escuela secundaria, efectuar un nuevo censo, asimismo, por haber realizado entrega de apoyos económicos de manera irregular.

Los quejosos señalan que a más de un año del terremoto, existe un grave atraso en los trabajos de reconstrucción de este municipio ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, también refieren que al gobierno se le tiene que enseñar a que no sólo atienda bajo presión de marchas y bloqueos, sino mediante la ley y los tribunales, exigen a las autoridades responsables especifiquen con claridad quién se hará responsable y en qué plazo resarcirá las omisiones.

Secundaria

Ante el abandono gubernamental de la reconstrucción de la Escuela Secundaria Técnica Número 33, la Asociación de Padres de Familia interpuso desde noviembre de 2017 un juicio de amparo para exigir a las autoridades aceleraran los trabajos de reconstrucción del plantel, el cual presenta afectaciones catalogadas como pérdida total en 11 aulas, un laboratorio, un módulo de baños, el edificio del personal administrativo, una barda perimetral y el garaje del transporte escolar.

Cabe mencionar que a la fecha el amparo no se ha resuelto, por ello, los padres de familia también interpusieron una queja ante la Ddhpo, contra el Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa, el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación (Segob), el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el Fondo de Desastres Naturales.

Los padres buscan que, a través del amparo y la queja, las autoridades garanticen el derecho a una adecuada educación consagrado en el artículo tercero constitucional, ya que con este acto de omisión se ven afectados más de 400 estudiantes de la Secundaria Técnica, cabe destacar que las autoridades se habían comprometieron por escrito a concluir los trabajos antes de que comenzara el ciclo escolar 2018-2019, sin embargo, la obra sólo presenta un 15 por ciento de avance.

Exigen nuevo censo

Por otra parte, pobladores de Unión Hidalgo que resultaron damnificados y no fueron censados por las autoridades federales después del sismo del 7 de septiembre, desde el pasado mes de mayo interpusieron una demanda de amparo para que el gobierno los considere como beneficiarios de los apoyos sociales para la reconstrucción de sus viviendas.

Los inconformes refieren que con el amparo pretenden que las autoridades federales, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), realicen un nuevo censo para que reclasifiquen los daños de parciales a totales, así como para que se considere a algunas personas como beneficiarias, ya que no fueron tomadas en cuenta en el primer censo.

Cabe destacar que 15 días posteriores al terremoto del 7 de septiembre se registraron cuatro mil 326 réplicas, por lo que algunas viviendas que no fueron consideradas como dañadas por las autoridades en el primer censo resultaron dañadas por las réplicas, es decir, se vieron afectadas después de que personal de Sedatu hicieran la revisión de los inmuebles de la comunidad.

El juicio de amparo actualmente se encuentra en trámite en el Juzgado Décimo Segundo en Materia Administrativa de la Ciudad de México, y está dirigido contra la Segob y la Secretaría de Hacienda.

Apoyos irregulares

Un tercer amparo fue promovido por los damnificados que sí fueron considerados en el primer censo, sin embargo, denuncian que los apoyos para la reconstrucción de sus hogares se les entregaron de manera irregular, algunos incompletos, a otros se les retiraron los recursos sin previo aviso de las cuentas bancarias o fueron congelados, impidiendo su uso para el fin que fueron destinados.

Como autoridad responsable señalan al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi), ya que documentos de los afectados acreditan que en algunos casos los apoyos fueron depositados parcialmente, asimismo, que Bansefi realizó el retiro de una parte del dinero asignado, por ello, exigen a las autoridades que se otorguen de manera total las cantidades establecidas.

Los quejosos también abundaron en que todas las autoridades contra las que se han buscado amparar han negado los actos reclamados, pues dicen que no tienen responsabilidad alguna en el tema, siendo Sedatu la única que aceptó tener injerencia acerca de los apoyos incompletos, pero en su informe especificó que ya cumplió con su parte, pidiéndole a Bansefi reintegrar el dinero a los afectados.

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